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Cuatro magistrados fueron quejados ante el Órgano Distrital de Control de la Magistratura (Odicma), por presunta inconducta funcional y retardo en la administración de justicia en el proceso por el frustrado asesinato del funcionario de Energía y Minas, Elmer Portilla.
Se trata de José Valencia Pinto, William Moreno Zavaleta y Fernando Galarreta Peredes, de la Sala Superior de Chota; y del juez de la provincia de Hualgayoc, Ángel Gutiérrez Valdivieso, precisó Ricardo Soriano Gutiérrez, abogado defensor de Portilla.
“Esperamos que los magistrados sean sancionados porque han cometido una serie de irregularidades en el proceso que sigue por el atentado ocurrido el 23 de febrero en Chugur, donde intentaron asesinar a mi patrocinado Elmer Portilla”, dijo.
Añadió que ha presentado documentación fundamentada de su queja donde hace ver las deficiencias mostradas por los citados magistrados.
“Hemos comprobado estas irregularidades y si la Odicma, luego de investigar no sanciona a los magistrados, apelaremos ante Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) en Lima”, adelantó.
En el documento, el abogado hace un resumen antes, durante y después del atentado, citando a los inculpados Lucio Linares Campos, Norbel Estela Dávila, Teófilo Díaz Saucedo, Vicente Acuña Guevara, Carlos Silva Dávila, Atilo Cayotopa Carrillo, Abel Díaz Alarcón, Atilano Silva Dávila y Segundo Cerdán Zamora, por delito de asesinato frustrado.
Ante estas deficiencias y la duda de la imparcialidad de los magistrados, Soriano no descartó solicitar próximamente la transferencia del proceso a Cajamarca.
“Estamos reuniendo las pruebas necesarias y en su momento pediremos la transferencia”, aseveró.
Soriano dijo que “no sabemos cómo actuarán las autoridades denunciadas ante la Odicma. Es difícil asegurar si remediará o empeorará el proceso”. (Andina)

La Municipalidad Provincial de Cajamarca ampliará el servicio gratuito de Internet para mil 500 usuarios a partir de la segunda semana de enero próximo, informó hoy José Gamarra Zegarra, funcionario de la Gerencia de Informática de la comuna.
Con ese propósito se inició la instalación de cinco torres en diversos sectores de la ciudad para dar cobertura a más familias de las zonas aledañas.
Este servicio de dos megabites forma parte de la segunda etapa del proyecto Ciudad Digital implementado por el municipio el año pasado, a fin de sistematizar la gestión a través de la red, es decir, los usuarios pueden hacer sus gestiones o trámites documentarios desde sus domicilios.
Para ello era necesario dotarles del servicio de Internet y “desde febrero de este año hemos instalado dos torres de un megabite para brindar el servicio gratuitamente a unos 400 usuarios”.
Gamarra Zegarra señaló que el costo de instalación de las cinco torres asciende a 300 mil nuevos soles y es cubierto íntegramente por la comuna.
“El objetivo es dotar de este servicio a unos dos mil usuarios en el 2007”, indicó.
Añadió que cada usuario invierte alrededor de 500 soles para la compra de un equipo que sirve como antema para captar la señal.
“Es la única inversión, por lo tanto el servicio es rentable ya que en los 11 meses de Internet gratuito, cada usuario ha ahorrado 600 soles si tenemos en cuenta el servicio que brinda Telefónica”, estimó.
La municipalidad paga a Telefónica mil dólares mensuales por esta línea que es utilizada, además, en todas las áreas de la comuna, remarcó.
Gamarra adelantó que es probable que el próximo año, los usuarios de este servicio paguen una tarifa de 10 soles mensuales para el mantenimiento de las antenas y equipos.
“Aún así, el servicio de Internet gratuito seguirá siendo rentable para los usuarios”, reiteró. (Andina)

Doce comisiones del Municipio Provincial de Cajamarca iniciaron esta mañana el proceso de transferencia de funciones a la nueva administración, en cumplimiento a una resolución emitida por el alcalde Emilio Horna Pereira.
El regidor electo Wilfredo Poma Rojas, presidente de la comisión entrante, en representación del nuevo alcalde Marco La Torre Sánchez (UPP), detalló que este proceso consiste en recibir todos los bienes y documentación con que cuenta la comuna en sus 12 gerencias y 33 subgerencias.
Reiteró que este trabajo contará con la veeduría del contralor interno del municipio, y culminará el jueves 28 de diciembre porque al siguiente día se desarrollará la ceremonia de juramentación del nuevo burgomaestre Marco La Torre, acto a desarrollarse en el palacio municipal.
Sobre la fiscalización a la gestión saliente, Poma indicó que esa labor le corresponde a la Contraloría General de la República.
En otro momento, adelantó que el nuevo gobierno edil tiene un programa para cien días, en los cuales se priorizará el tema de seguridad ciudadana.
“Cajamarca es una ciudad que ha crecido económicamente, hay mayor población y, por lo tanto, también mayores riesgos en cuanto a seguridad”, indicó.
Respecto a los despidos de trabajadores, afirmó que sólo saldrán aquellos que tengan contrato por servicios no personales y que culminan este mes.
“Haremos una evaluación del personal para seleccionar a quienes merecen continuar trabajando. Si necesitamos más profesionales utilizaremos la misma modalidad para contratarlos”, puntualizó. (Andina)

Efectivos de la Policía Nacional capturaron en la ciudad de Cajamarca a dos profesores que transportaban dos kilos de pasta básica de cocaína (PBC).
Se trata de los docentes Pablo Díaz Estacio, de 51 años, y José Abanto Carrera, de 43, quienes fueron interceptados cuando iban a entregar la mercadería a un sujeto apodado “El ayabaquino”.
La intervención se produjo en la víspera a la altura del cruce de las avenidas La Paz y Héroes del Cenepa, como parte de la operación Granizo 2006, dirigida por el jefe de la Región Policial Alfonso Chávarri.
A los maestros también se les incautó un teléfono celular con el cual presuntamente se contactaban con el acopiador de la droga.
La operación contó con la participación de las fiscales María Acosta García y Rosa Carhuamaca Luy, de la Tercera Fiscalía Penal de Cajamarca.
Los profesores confesaron que compraron la droga a un sujeto desconocido en el caserío San Isidro, distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos, por dos mil nuevos soles.
Pablo Díaz, natural del distrito de Baños del Inca, trabaja en la escuela primaria del caserío Yingullo Bajo, en la provincia de Hualgayoc, y José Abanto labora en la primaria del caserío Casa Blanca, distrito de José Sabogal.
Ambos fueron llevados a la sede del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y en las próximas horas serían trasladados al penal de Huacariz.
El coronel Alfonso Chávarri aseguró que la policía continuará con las intervenciones a través de la División Antidrogas y los representantes del Ministerio Público. (Andina)

El funcionario del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Elmer Portilla, pidió a las autoridades judiciales ordenar la captura de los delincuentes que intentaron asesinarlo el 23 de febrero pasado en un atentado ocurrido en el distrito de Chugur.
“Los delincuentes están libres por una orden de comparecencia que les otorgó los magistrados de Chota, a pesar de existir pruebas que demuestran su responsabilidad”, dijo.
Portilla criticó la lentitud del proceso y el presunto favoritismo que estarían recibiendo los acusados de parte de la justicia “todos los que tienen comparecencia quisieron matarme. El caso del alcalde Abel Díaz es más complicado porque fue él quien planeó todo para asesinarme”, afirmó.
Añadió que Norbil Estela – uno de los procesados - fue quien le disparó la noche del 23 de febrero cuando retornaba a Cajamarca después de participar en la mesa de diálogo de Chugur.
“Yo lo vi. Fue él porque tenía el rostro descubierto. Además, cuando la policía intervino su domicilio encontró armamento de guerra y las pruebas de absorción atómica dieron positivo. Entonces, qué más pruebas quiere la justicia para sancionar a este sujeto”, acotó.
Reveló que él y su abogado (Ricardo Soriano) han sido amenazados de muerte por allegados a algunos de los procesados “las amenazas han sido directas y a través del teléfono, nos persiguen cuando nos desplazamos en Chota y Bambamarca donde se realiza el proceso, pero aún así no tenemos miedo y vamos a continuar con el caso a pesar que no tenemos garantías, pero seguiremos hasta lograr que se haga justicia”.
Portilla Cornejo quedó inválido por los dos balazos que recibió esa noche y lo que es peor, tiene que afrontar los cuantiosos gastos que demanda su tratamiento. “Estoy endeudado. Ni siquiera la institución donde trabajo me han apoyado como debe ser a pesar que solicité reiteradamente un contrato laboral indefinido o una indemnización”, manifestó.
En otro momento, reveló que el padre Marco Arana, de las ONG Grufides, también ofreció ayudarlo, sin embargo, no ha cumplido.
“Él (Arana) visitó mi casa llevando algunos alimentos, pero me pidió que no contará de su visita. Me dijo que me iba ayudar, iba a investigar el atentado y, además, me ofreció que hablaría con el ministro de Energía y Minas para que me nombrara, pero nada de eso ha cumplido”, dijo al precisar que fue la única vez que el párroco lo visitó en su domicilio.
Agregó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también le ofreció ayuda, pero, tampoco cumplió. “Debe ser porque no tengo dinero que hasta ahora no se hace justicia con mi caso, cosa distinta sucede con aquellos que cuentan con recursos o tienen influencias en el poder”, puntualizó. (Andina)