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Efectivos de Cajamarca detectaron mafia

Una mafia dedicada al comercio ilegal de armas de fuego, proveniente de Ecuador, fue detectada por efectivos de inteligencia de Cajamarca, reveló hoy el director de la División de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec) de Cajamarca, Pedro Pozo Pizarro.
Según explicó, dichos traficantes operan en ferias comunales y sus principales clientes son los campesinos de diversas localidades de este departamento ubicado a 870 kilómetros al norte de Lima.
Mencionó que se trata de armamentos de corto y largo alcance, cuyos precios oscilan entre los 150 y 600 dólares, respectivamente, posiblitando que las comunidades accedan a estos instrumentos.
“Cajamarca descansa en un colchón de armas”, advirtió.
Recordó que durante la campaña de amnistía para la entrega de armas ilegales realizada por la Dicscamec hace unos meses, se recibieron 20 de diversos tipos, además de 40 cuyas licencias habían vencido.
Pozo Pizarro refirió que la tenencia ilegal de armas de fuego constituye un delito y las penas van entre los diez a 25 años de cárcel.
Adelantó que coordinará con las autoridades competentes como la Policía Nacional y Fiscalía para realizar operaciones en las comunidades y decomisar el armamento.
Semanas atrás, la policía intervino a delincuentes con armas de corto y largo alcance que utilizaban en las comunidades para los asaltos, especialmente en Yanacanchilla y Chugur.
También capturó a cuatro integrantes de la banda “Los asesinos de Yanacanchilla”, que habrían asesinado de 17 balazos al dirigente ambientalista Edmundo Becerra, el pasado 1 de noviembre.
El pasado 23 de febrero en el distrito Chugur, unos 20 delincuentes provistos con armas de largo alcance hirieron de dos disparos al funcionario de Energía y Minas, Elmer Portilla. (Andina)

El fiscal provincial de Cajabamba, Lúcido Boy Palacios, invocó a los más de tres mil mineros informales que extraen oro del cerro Algamarca, abandonar la zona, porque sus vidas corren peligro debido a los insumos nocivos que manipulan para la extracción del mineral.
El pedido lo formuló tras recibir el informe de inteligencia de la Policía Nacional que da cuenta de cuatro personas fallecidas en el lugar, que fueron sepultadas en las inmediaciones del cerro Algamarca para evitar la sospecha de las autoridades.
“Estos señores deben entender que manipular los insumos químicos perjudica su salud, su integridad física y mental”, dijo al reiterar a los mineros informales tienen que abandonar el lugar.
Boy Palacios comentó que tenía conocimiento de la muerte de algunas personas por intoxicación, sin embargo, era difícil esclarecer el rumor porque los mineros “ocultan” a las personas que fallecen en accidentes para evitar levantar sospecha en las autoridades.
Respecto al pedido del jefe de la Región Policial de Cajamarca, Alfonso Chávarri, de realizar una inspección en la zona y exhumar los cadáveres para las investigaciones, dijo estar de acuerdo con la propuesta.
“Nosotros estamos aptos de acudir al lugar”, enfatizó.
El coronel Chávarri indicó que la intervención se realizaría la próxima semana, contando también con la participación de autoridades de Cajamarca como la Dirección Regional de Energía y Minas.
El pasado martes 28, personal de inteligencia informó de la muerte de cuatro personas que habían sido enterradas en el mismo cerro Algamarca. (Andinas

La Segunda Fiscalía Penal de Cajamarca investiga al alcalde distrital de Namora, Leandro Pérez Ocas, por la presunta comisión de los delitos de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
Unos 50 namorinos protestaron en el Ministerio Público exigiendo se acelere la investigación para sancionar al alcalde a quien acusan de “corrupto” por malversar los recursos de su distrito.
Marino Briones Álvarez, presidente del Frente Cívico de Namora, señaló que han pasado cuatro meses desde que presentaron las denuncias a la Fiscalía y hasta el momento no tienen respuesta de las presuntas irregularidades cometidas por Pérez Ocas.
También fueron denunciados el regidor Ramón Rabanal Aliaga y el proveedor Ever Ortiz Arce.
Por su parte, Víctor Lazarte Fernández, titular de la Segunda Fiscalía Penal, manifestó que en los próximos días formalizará la denuncia ante el Poder Judicial al encontrar indicios que demuestran responsabilidad de la gestión municipal.
“Ya hemos terminado las investigaciones preliminares y de acuerdo a las conclusiones formalizaremos la denuncia correspondiente”, explicó
El distrito de Namora, en la provincia de Cajamarca, tiene 189.62 kilómetros cuadrados de superficie y unos nueve mil 253 habitantes (proyección al 2002). (Andina)

La Primera Fiscalía Penal de Cajamarca investiga a 25 personas acusadas por la policía por presuntamente destruir material electoral en el distrito cajamarquino de San Juan.
Entre los implicados figura Iris Cubas Salazar, esposa de un candidato a la alcaldía local, quien habría azuzado a algunos pobladores a actuar con violencia argumentando fraude.
También fueron denunciados Rosa Vega Mendoza, Nelly Vega Sánchez, Olga Linares Sánchez, Teodora Chiquiruna Cabanillas, Isabel León Saucedo, Perpetua Gutiérrez, Eddy Vega Vargas y María Sánchez, entre otros.
En su manifestación policial, el virtual alcalde reelecto Edinson Terán reconoció a las personas sindicadas por la policía como responsables de los actos violentos.
El burgomaestre pidió “mano dura” contra estas personas, al considerar que se trató de un acto premeditado al saber que los votos nos los favorecieron.
La noche del 19 de noviembre, una turba se enfrentó a la policía con piedras y palos al intentar destruir el material electoral, y fueron dispersados por agentes del orden con bombas lacrimógenas.
Algunos efectivos policiales y pobladores resultaron heridos. Los revoltosos destruyeron el parabrisas y las lunas de una camioneta policial.
Al 61.111 por ciento de actas computadas, Terán tiene 554 votos, seguido del candidato de Unión por el Perú, Juan Carlos Aranda, con 385. (Andina)

Cuatro personas murieron debido a la minería informal en la zona de Algamarca, provincia cajamarquina de Cajabamba, reveló hoy el jefe de la Región Policial, Alfonso Chávarri Estrada.
Explicó que acuerdo a los informes de inteligencia, las personas fallecidas –cuyos nombres se desconocen– fueron sepultadas cerca del cerro Algamarca de donde extraen oro.
Según informó, una mala maniobra en la detonación de explosivos y la intoxicación con cianuro y otros insumos habrían ocasionado la muerte de los pobladores.
“En este lugar son miles de familias que se dedican a la extracción de oro, manipulando insumos altamente nocivos para la salud sin las mínimas medidas de seguridad”, explicó.
Chávarri recordó que en reiteradas oportunidades las autoridades de Cajamarca y Cajabamba han invocado a los extractores a abandonar el lugar porque sus vidas y las de sus hijos están en riesgo, sin embargo “no les interesa y continúan operando”.
Anunció que convocará a las autoridades, especialmente al fiscal provincial, Lucido Boy Palacios, a fin de inspeccionar la zona y exhumar los cadáveres para las investigaciones correspondientes.
Esta intervención se realizará la próxima semana, precisó.
En los últimos días, la policía decomisó en Cajamarca y Cajabamba, más de 240 kilos de insumos nocivos como cianuro, carbón no activo, peróxido, entre otros, que eran adquiridos por los mineros informales.
Chávarri refirió que en la zona de Algamarca trabajan unas tres mil personas extrayendo mineral sin las mínimas medidas de seguridad. (Andina)

Al menos 50 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) resguardan el campamento minero de la empresa Coimolache, ubicado en el distrito de Chugur, provincia cajamarquina de Hualgayoc, en el segundo día de paro que cumple un grupo de comuneros en protesta contra esta compañía.
La manifestación fue convocada por la Federación Distrital de Rondas y el municipio de Chugur, en rechazo a los trabajos de exploración que realiza Coimolache por temor a una posible contaminación.
Alfonso Chávarri, jefe de la Región Policial de Cajamarca, indicó que el orden público y la seguridad a la propiedad privada están garantizados.
Asimismo advirtió que los manifestantes serán intervenidos en caso bloqueen carreteras o generen violencia en las instalaciones de la minera.
Refirió que ayer unos 150 pobladores se concentraron en la casa comunal San Antonio y marcharon hacia las inmediaciones del campamento en forma pacífica.
En otro momento, Chávarri criticó la actitud del electo alcalde de Bambamarca, Esteban Campos, quien instó a los pobladores contra la actividad minera a través de un medio radial local.
El jefe policial indicó que entre los protestantes también se encontraba el alcalde electo de Chugur, Vidal García Efus, del Movimiento Innovación Política Independiente Descentralizada.
Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses Chugur, Nelter Guevara, rechazó la manifestación organizada por un “pequeño grupo de violentistas”, que se opone al desarrollo de su distrito.
“El pueblo está cansado de movilizaciones en contra del desarrollo. Antes la gente tenía miedo a las autoridades violentistas que llamaban a oponerse a la minería, pero ahora ese temor se está perdiendo y la mayoría apostamos por la inversión”, aseveró. (Andina)

El alcalde de Combayo, Luciano Llanos, informó hoy que pedirá a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) interceder para que quede sin efecto la acusación penal contra seis comuneros de su localidad por los incidentes ocurridos en agosto pasado contra la minera Yanacocha.
Señaló uno de los acuerdos de la mesa de diálogo que se formó para resolver el conflicto incluye el compromiso de la minera de retirar las denuncias judiciales contra los pobladores que se enfrentaron a los policías y personal de seguridad.
El fiscal de Baños del Inca, Alfredo Rebaza, denunció penalmente a los comuneros Samuel Sánchez Ñontol, Hipólito Mantilla Ñontol, Antero Julón Huamán y Germán Sangay Llanos, por el delito contra la paz publica en su modalidad de disturbio en agravio del Estado y Yanacocha.
La demanda comprende también a Avelino Cercado Flores y Samuel Sánchez Ñontol por delito contra la libertad personal en su modalidad de secuestro en agravio de dos trabajadores de la minera.
"Vamos a recurrir a la PCM porque se comprometieron a ayudarnos en las denuncias y demandas contra los comuneros. Esperamos su apoyo porque la protesta contra Yanacocha fue en defensa de nuestros derechos como el cuidado del agua", enfatizó.
Llanos aclaró que no está a favor ni en contra de la resolución del fiscal.
"El fiscal está en su derecho de hacer la denuncia de acuerdo a las investigaciones realizadas. Esperamos que actúe con transparencia y esclarezca quiénes fueron los responsables de la muerte de Isidro Llanos", anotó.
Agregó que el 2 de agosto pasado, durante el enfrenamiento entre los comuneros, la policía y seguridad de la minera, él no se encontraba en el lugar y desconoce a los resposanbles.
Por la muerte de Isidro Llanos, el fiscal acusó a los policías Luis Carlos Leiva Vigo, Manuel Dilmer Vásquez Cervera y Jorge Moisés Atalaya Contreras. (Andina)