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Tras acuerdo entre autoridades y comuneros

Personal de Dirección Antidrogas (Dirandro) y efectivos policiales de Cajamarca se retirarán hoy del campamento minero Michiquillay, distrito de La Encañada, tras 37 días de extracción de insumos químicos de su subsuelo.
El jefe de la Región Policial de Cajamarca, coronel Romel Pérez Arrascue, informó que los 16 efectivos (11 de la Policía cajamarquina y cinco de la Dirandro) abandonarán la zona en el transcurso del día y que el material recuperado será trasladado al Ministerio del Interior.
Indicó que en la víspera, una comisión conformada por el fiscal de Baños del Inca, Diego Ferrer; el alcalde de Cajamarca, Marco La Torre; el jefe de la Dirección Territorial de la Policía (Diterpol) de Chiclayo, general José Villar; el alcalde de La Encañada, Lifonsio Vera; y otras autoridades se reunieron con dirigentes y unos 200 comuneros.
Los pobladores, agregó, pidieron la salida de la Policía al considerar que tuvieron tiempo suficiente para extraer los elementos tóxicos del campamento minero y porque su presencia genera el temor de ser desalojados de sus propiedades.
Argumentaron, además, que la presencia policial ha ocasionado miedo en los niños de las comunidades, que se vieron afectados para acudir a sus centros escolares.
Respecto a la licitación del proyecto Michiquillay, el coronel Pérez Arrascue comentó que los campesinos piden que no se los maltrate.
“Son muy sensibles al tema minero, ellos quieren negociar directamente en el proyecto porque hasta ahora no se les ha tomado en cuenta. Tampoco quieren que la policía esté en la zona porque tienen temor a que les quite sus tierras”, explicó.
Opinó que existen grupos divididos a favor y en contra del proyecto, sin embargo le corresponde a las instituciones competentes acercarse a la comunidad para informarles sobre sus ventajas y desventajas.
Por su parte, el alcalde de Cajamarca, Marco La Torre, consideró que el proyecto en licitación sería viable siempre y cuando el Gobierno asuma un compromiso con la comunidad.
“El Estado debe negociar para ganarse la licencia social de los pobladores porque un sector mantiene una posición firme en contra de la actividad minera, pero hay otro que está de acuerdo a cambio de obras de impacto en su comunidad”, manifestó.
Agregó que los comuneros necesitan represas en Polloc y Combayo, así como obras de electrificación para todos los centros poblados de la jurisdicción y canales de regadío.
Es necesario que se desarrollen talleres con la población, explicarles las condiciones del proyecto. El Gobierno debe comprometerse a que la empresa ganadora de la licitación haga una minería diferente a la tradicional con responsabilidad social y ambiental, puntualizó.(Andina)